Activistas colombianas en el centro de Bogotá en febrero de 2021 esperando la decisión de la Corte Constitucional sobre la demanda para eliminar el delito de aborto del código penal.

Una decisión de la Corte y un logro de todas

El 21 de febrero, tras más de 500 días de deliberación, la Corte Constitucional de Colombia despenaliza el aborto durantes las primeras 24 semanas de gestación. Esta enorme victoria es el resultado de una demanda presentada por el Movimiento Causa Justa, una coalición de más de 100 organizaciones y personas para eliminar el delito de aborto del código penal.

La demanda presentaba más de 90 argumentos que demostraban que las restricciones existentes a los servicios de aborto no sólo impedían el acceso a las mujeres y personas en condiciones de gestar, sino que también provocaban abortos inseguros. Esos argumentos fueron valiosos para el Tribunal Constitucional y también fueron esenciales para cambiar el debate público.

Causa Justa guio el debate, lo llevó a la calle e incluyó a muchas personas que no habían formado parte de la conversación pero que estaban sufriendo las consecuencias de un sistema tan desigual. Causa Justa también demostró claramente que el 40% de las mujeres criminalizadas por solicitar un aborto son víctimas de violencia sexual.

La Corte Constitucional aceptó finalmente que la penalización del aborto afecta al derecho a la salud, viola la libertad de conciencia de las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestación, afecta desproporcionadamente a las comunidades marginadas y utiliza indebidamente el código penal.

El aborto legal y seguro es un servicio de salud

En Colombia, desde el 10 de mayo de 2006 hasta el 20 de febrero de 2022, se podía abortar legalmente sólo en tres situaciones: para preservar su vida o su salud, en caso de malformación fetal incompatible con la vida y si el embarazo se debía a una violación. El derecho a elegir no era una situación que permitiera el acceso legal al aborto.

Oriéntame además de ser uno de los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva más antiguos de Colombia, es una de las organizaciones que pertenecen al Movimiento Causa Justa.

Durante los últimos 16 años, en los centros médicos de Oriéntame hemos atendido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma integral para incluir al mayor número de personas posible.

Si se entiende el concepto de salud como una condición general y fundamental para tener una vida plena, no hay razón para negar ninguna solicitud de aborto. Sin embargo, Oriéntame fue uno de los pocos lugares que interpretó de forma amplia el deber de preservar la salud.

Muchas personas que buscaban servicios encontraban obstáculos, principalmente porque el aborto seguía siendo un delito en el marco legal de la Sentencia C-355. El principal requisito para acceder legalmente a un aborto era que un médico debía certificar por qué la interrupción del embarazo estaba dentro de alguna de las 3 causales, convirtiendo así a los médicos en guardianes del acceso a los servicios.

Desgraciadamente, muchos médicos no cuestionaron esta postura y pensaron que era útil para impedir que las mujeres accedieran a servicios de aborto seguros. Cuando el aborto se considera un delito, no sólo afecta a las mujeres, sino también a los proveedores de servicios.

En ese contexto, Oriéntame fue sistemáticamente señalada por sus servicios, y ha habido poco apoyo de las autoridades. Las mujeres que acuden a la clínica y las personas que aquí laboramos hemos tenido que soportar insultos, acoso y estigmatización. Penalizar el aborto desvía el debate de lo verdaderamente importante.

Abortar es político

Ante la proximidad de las elecciones, algunas figuras políticas han hablado del acceso al aborto seguro para atraer votos y al mismo tiempo ha circulado mucha información falsa que crea confusión.

Por ejemplo, el Presidente dijo que este fallo iba a incitar a las mujeres a utilizar el aborto como método anticonceptivo. Mientras tanto, Causa Justa sigue trabajando para proteger lo que logramos en febrero y hacer que el aborto seguro sea accesible para cualquier persona.

En Oriéntame adaptamos rápidamente nuestros sistemas y documentos, lo que nos permitió prestar servicios bajo el nuevo marco legal al día siguiente de la sentencia de la Corte.

Ofrecimos el mismo servicio que siempre hemos ofrecido, pero bastó con que la usuaria solicitara un aborto: no fue necesario indagar más, ya que se eliminaron las barreras que exigían una justificación para la atención médica.

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El impacto de esta sentencia va más allá de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Llega a otros casos y circunstancias en los que el Código penal es anticuado y abusivo. También es una importante contribución al movimiento de mujeres y a la igualdad de género.

Colombia ha aprendido de Argentina y México, y estoy segura de que otros países también aprenderán de nuestra experiencia.

La ola verde en América Latina y el movimiento de mujeres funcionan así: aprendemos y nos enseñamos mutuamente para ayudar a avanzar en los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos y la democracia.

Estados Unidos, por ejemplo, enfrenta hoy este reto. Esto enseña que la protección del derecho a la autonomía reproductiva es un trabajo constante, pues una vez las leyes reconocen los derechos, debemos asegurarnos que se garanticen en la práctica, siempre.