El aborto sigue siendo legal, aun con el Consenso de Ginebra

El aborto sigue siendo legal, aun con el Consenso de Ginebra

El regreso de Colombia al Consenso de Ginebra representa un cambio importante en el posicionamiento internacional del país frente a los derechos sexuales y reproductivos. Esta decisión tiene un significado político y diplomático, especialmente porque el Consenso promueve una visión restrictiva de los derechos de las mujeres y cuestiona el reconocimiento del aborto como un derecho humano.

Sin embargo, es importante aclarar que esta adhesión no modifica automáticamente las leyes colombianas ni elimina las garantías existentes para acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Su importancia está relacionada, principalmente, con la postura regresiva que adopta el Estado colombiano frente a los derechos reproductivos en el escenario internacional.

 

¿Qué es el Consenso de Ginebra y por qué genera preocupación?

El Consenso de Ginebra es una declaración política internacional creada en 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump, con el respaldo de varios gobiernos conservadores. Su nombre completo es Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.

Aunque plantea compromisos relacionados con la salud de las mujeres y la protección de las familias, también sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo”. Además, cuestiona que el aborto sea reconocido como un método de planificación familiar.

Por esta razón, desde organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos advertimos que esta declaración puede generar confusión o desinformación sobre el reconocimiento del aborto como parte de la atención integral en salud y de la garantía de la autonomía reproductiva.

En el caso colombiano, es importante precisar un cambio en los antecedentes: el país se retiró del Consenso de Ginebra el 22 de agosto de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, pero volvió a adherirse el 8 de octubre de 2026, según informó la Cancillería.

 

¿Qué significa esta decisión para el aborto legal en Colombia?

Aunque el regreso al Consenso de Ginebra no elimina las garantías legales existentes, sí genera preocupaciones sobre el compromiso del Estado colombiano con los derechos sexuales y reproductivos.

Actualmente, la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 24 semanas de gestación. Después de ese plazo, se mantiene el acceso bajo las tres causales reconocidas por la Sentencia C-355 de 2006:

– Cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

– Cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida fuera del útero.

– Cuando el embarazo es resultado de violencia sexual, inseminación artificial no consentida o incesto, en los términos establecidos por la jurisprudencia.

Estas garantías siguen vigentes. La adhesión al Consenso no modifica las decisiones de la Corte Constitucional ni puede desconocer las obligaciones internacionales de derechos humanos que Colombia ha adquirido mediante tratados vinculantes en las últimas décadas.

 

Sin embargo, las consecuencias pueden manifestarse en otros ámbitos:

  1. Debilitamiento del respaldo político a los derechos reproductivos. La adhesión expresa una posición gubernamental que cuestiona el reconocimiento del aborto como derecho y puede afectar la continuidad de políticas públicas que buscan garantizarlo.
  2. Aumento de barreras de acceso. Cuando desde la oficialidad se cuestiona el aborto como un servicio de salud, se fortalecen los prejuicios, la desinformación y las prácticas discriminatorias que dificultan la atención oportuna y digna.
  3. Menor liderazgo internacional. Colombia deja de respaldar una postura de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en escenarios multilaterales y se suma a un grupo de gobiernos autoritarios que buscan posiciones restrictivas frente al aborto.

 

Los derechos conquistados deben seguir garantizándose

El regreso de Colombia al Consenso de Ginebra no significa que el aborto legal haya dejado de existir en el país. Sin embargo, representa un cambio político que merece atención y seguimiento por parte de las organizaciones sociales, los movimientos feministas, las instituciones de salud y la ciudadanía.

La garantía del aborto legal y seguro no depende únicamente de que existan leyes y sentencias que lo reconozcan. También requiere voluntad política, recursos, información confiable y servicios de salud que atiendan sin discriminación ni estigmatización.

Defender el derecho a decidir implica exigir que el Estado colombiano cumpla con las garantías constitucionales y los compromisos internacionales que protegen la autonomía, la dignidad, la salud y la libertad de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar.

Por esto, desde Oriéntame nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con todas las personas que necesitan optar por la interrupción del embarazo y con ello, información y servicios seguros, accesibles, dignos y libre de cualquier forma de discriminación o prejuicio.

Si necesitas más información o estás considerando un aborto, consúltanos aquí estaremos siempre para ti.

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Derechos sexuales y derechos reproductivos ¿Cuáles son y por qué importan?

Derechos sexuales y derechos reproductivos ¿Cuáles son y por qué importan?

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos que protegen la autonomía, la libertad y la capacidad de todas las personas para tomar decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. Garantizan que estas decisiones puedan ejercerse de manera libre, informada y sin discriminación, coerción ni violencia.

Aunque están estrechamente relacionados, los derechos sexuales y los reproductivos tienen alcances diferentes. Los primeros se relacionan con la posibilidad de vivir y disfrutar la sexualidad de manera libre, segura y placentera; los segundos protegen la autonomía para decidir si tener hijos o hijas, cuándo hacerlo y en qué condiciones.

En Colombia, su reconocimiento se sustenta en la Constitución Política, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes nacionales y las políticas públicas que establecen las responsabilidades del Estado para garantizar su ejercicio.

 

¿De dónde vienen los derechos sexuales y reproductivos?

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son el resultado de un proceso histórico de reivindicación de los movimientos feministas, de mujeres y de derechos humanos, que han defendido la autonomía corporal, la igualdad y la libertad para tomar decisiones sobre la sexualidad y la reproducción.

No existe una fecha única de creación de estos derechos. Su reconocimiento se construyó progresivamente a partir de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, dos acontecimientos marcaron un avance fundamental en su consolidación:

– 1994. Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo: reconoció que la salud reproductiva y las decisiones relacionadas con la reproducción debían abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, autonomía y bienestar integral.

– 1995. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing: fortaleció el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos de las mujeres, haciendo énfasis en la igualdad, la autonomía y la eliminación de las violencias y discriminaciones.

Estos acontecimientos estuvieron precedidos por instrumentos internacionales que ya protegían derechos relacionados con la salud, la igualdad, la intimidad y la libertad de las personas.

En Colombia, estos compromisos se han incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico. La Constitución Política de 1991 protege derechos fundamentales que sustentan la autonomía sexual y reproductiva, especialmente mediante sus artículos 12, 13, 15, 16, 18, 42, 43 y 49.

 

También existen normas nacionales que contribuyen a su garantía, entre ellas:

– Ley 115 de 1994: establece disposiciones sobre educación sexual en las instituciones educativas.

– Ley 823 de 2003: establece normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres, incluyendo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

– Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia, que contempla la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes.

– Ley 1257 de 2008: establece medidas de prevención, atención y sanción de las violencias y discriminaciones contra las mujeres.

– Ley 1620 de 2013: promueve la educación para la sexualidad y la protección de los derechos humanos sexuales y reproductivos en el entorno escolar.

– Ley 1751 de 2015: reconoce la salud como un derecho fundamental.

– Resolución Conjunta 1350 de 2026: adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, articulando a los sectores de salud, educación, trabajo y cultura.

Esta última resolución representa un avance importante porque establece responsabilidades compartidas entre diferentes sectores del Estado para reducir las barreras que impiden el ejercicio de estos derechos.

 

¿Cuáles son los derechos sexuales?

Los derechos sexuales protegen la posibilidad de vivir, expresar y disfrutar la sexualidad de manera autónoma, informada, segura y placentera, sin sufrir discriminación, coerción o violencia. Entre ellos se encuentran:

  1. Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima: tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la manera de vivir la sexualidad.
  2. Derecho a disfrutar de una vida sexual placentera: explorar y expresar la sexualidad y el erotismo libremente.
  3. Derecho a elegir las parejas sexuales: decidir con quién establecer relaciones afectivas o sexuales.
  4. Derecho a vivir una sexualidad libre de violencias: no ser víctima de abuso, explotación, acoso, coerción o cualquier otra forma de violencia sexual.
  5. Derecho a establecer relaciones sexuales consensuadas: decidir libremente si se desea tener relaciones sexuales y en qué condiciones.
  6. Derecho a decidir cuándo y con quién iniciar la vida sexual: sin presiones familiares, sociales o de pareja.
  7. Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género: sin discriminación ni violencia.
  8. Derecho a la protección de la salud sexual: acceder a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS).
  9. Derecho a recibir información y educación integral para la sexualidad: contar con información científica, clara y oportuna para tomar decisiones autónomas.

Estos derechos reconocen que la sexualidad es una dimensión de la vida humana que no se limita a la reproducción y que todas las personas deben poder experimentarla de acuerdo con sus decisiones y proyectos de vida.

 

¿Cuáles son los derechos reproductivos?

Los derechos reproductivos garantizan la libertad de decidir si se quiere tener hijos o hijas, cuándo tenerlos, cuántos y con qué intervalo entre embarazos.

También protegen el acceso a información, servicios de salud y recursos necesarios para tomar decisiones reproductivas libres e informadas. Entre ellos se encuentran:

  1. Derecho a decidir libremente si se desea tener hijos o hijas: sin presiones, discriminación ni violencia.
  2. Derecho a decidir el número de hijos o hijas y el momento de tenerlos: incluyendo el tiempo que se desea esperar entre embarazos.
  3. Derecho a elegir el tipo de familia que se quiere conformar: respetando la autonomía y las diferentes formas de organización familiar.
  4. Derecho a acceder a métodos anticonceptivos: incluyendo métodos modernos y anticoncepción de emergencia.
  5. Derecho a recibir atención integral durante el embarazo, el parto y el posparto: en condiciones de seguridad, dignidad y respeto.
  6. Derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE): de acuerdo con el marco jurídico vigente en Colombia.
  7. Derecho a recibir educación e información sobre reproducción: para tomar decisiones conscientes y responsables.
  8. Derecho a acceder a los avances científicos y tecnológicos: relacionados con la salud sexual y reproductiva.
  9. Derecho a ejercer la maternidad y la paternidad sin discriminación: con condiciones de igualdad y respeto en los diferentes ámbitos de la vida.

Es importante recordar que la maternidad no es una obligación ni un destino para las mujeres. Decidir no tener hijos o hijas también hace parte del ejercicio de la autonomía reproductiva.

 

¿Por qué es importante reconocer y garantizar estos derechos?

Reconocer los derechos sexuales y reproductivos significa entender que todas las personas tienen la capacidad y la libertad de tomar decisiones sobre sus cuerpos, su sexualidad y sus proyectos de vida. Su garantía es fundamental para:

– Promover la autonomía: permite que las personas tomen decisiones informadas sobre su sexualidad y reproducción, sin imposiciones externas.

– Prevenir las violencias y la discriminación: contribuye a transformar relaciones desiguales de poder, estereotipos de género y prácticas que vulneran la integridad y la libertad.

– Garantizar el acceso a la salud: facilita el acceso a educación integral para la sexualidad, anticoncepción, prevención y atención de ITS, servicios de salud reproductiva e IVE.

– Reducir las desigualdades: reconoce que existen barreras particulares relacionadas con el género, la edad, la discapacidad, la pertenencia étnica, la orientación sexual, la identidad de género y las condiciones socioeconómicas y territoriales.

– Proteger los proyectos de vida: permite decidir sobre la maternidad, la paternidad, las relaciones afectivas y las experiencias sexuales sin que estas decisiones limiten el acceso a otros derechos, como la educación, el trabajo y la participación social.

En este sentido, la garantía de estos derechos no depende únicamente de las decisiones individuales. También requiere que el Estado, las instituciones educativas, los servicios de salud y la sociedad eliminen las barreras de acceso y promuevan entornos seguros, incluyentes y libres de violencias.

 

La Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, adoptada mediante la Resolución Conjunta 1350 de 2026, refuerza este compromiso al establecer acciones para garantizar el acceso universal, equitativo y oportuno a servicios integrales de salud sexual y reproductiva, así como la protección especial de las poblaciones históricamente discriminadas.

En definitiva, los derechos sexuales y reproductivos son indispensables para construir una sociedad más justa e igualitaria, en la que todas las personas puedan vivir su sexualidad, tomar decisiones sobre su reproducción y desarrollar sus proyectos de vida con libertad, dignidad y autonomía

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Aborto legal es salud, derechos y justicia para las mujeres

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El acceso al aborto legal y seguro es una parte fundamental de la atención en salud sexual y reproductiva.

Garantizarlo, además de reconocerlo en las leyes, implica que las personas puedan acceder a servicios oportunos, seguros, confidenciales, asequibles y libres de estigma, discriminación, coerción y violencia.

La Campaña Internacional del 28 de Septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, plantea para 2026 una idea central: el aborto es un servicio esencial de atención en salud.

Por eso, los sistemas de salud deben integrarlo como un servicio esencial y contar con tratamientos de calidad, personal capacitado, información clara y ajustada a las necesidades de quien consulta, rutas de referencia y seguimiento posterior al procedimiento.

 

La legalidad es importante, pero es solo el comienzo

La existencia de un marco legal que permita el aborto reduce las barreras asociadas con la criminalización, pero no garantiza por sí misma que todas las personas puedan ejercer este derecho. Persisten obstáculos económicos, geográficos, administrativos, institucionales y sociales que pueden retrasar o impedir el acceso.

Estas barreras no afectan a todas las personas de la misma manera. Quienes viven en zonas rurales o alejadas, tienen menores ingresos, pertenecen a comunidades étnicas históricamente discriminadas, tienen discapacidad, son migrantes, jóvenes o enfrentan otras formas de exclusión suelen encontrar mayores dificultades para acceder a información confiable y servicios.

La campaña del 28 de septiembre destaca, precisamente, la necesidad de fortalecer sistemas de salud capaces de responder a estas desigualdades.

 

El aborto también tiene una historia de autonomía y cuidado

El acceso al aborto no comenzó con las leyes que hoy lo reconocen. Las mujeres han desarrollado durante generaciones conocimientos, redes de acompañamiento y estrategias para ejercer su autonomía reproductiva, incluso en contextos donde aborta está prohibido por las leyes locales.

En América Latina, estos procesos también han sido impulsados por movimientos sociales que han transformado el debate público y contribuido a ampliar los marcos de protección de derechos.

Esta historia permite comprender que garantizar el aborto seguro también significa reconocer los saberes comunitarios y las redes de acompañamiento que han ayudado a reducir los riesgos asociados con la clandestinidad.

El desafío de los sistemas de salud es que ninguna persona tenga que poner en riesgo su salud, su vida o su libertad para acceder a una atención que debería estar disponible de manera segura y digna.

 

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Colombia: avances legales, falta conocimiento

Colombia ha avanzado significativamente en el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La ENDS 2025 señala que, tras la despenalización parcial de 2006 y la Sentencia C-055 de 2022, el país cuenta con un marco que permite la IVE por voluntad de la mujer o persona embarazada durante las primeras 24 semanas de gestación, además de las causales establecidas desde 2006 para embarazos que superan ese límite.

Sin embargo, el conocimiento y el acceso efectivo todavía presentan brechas. Según la ENDS 2025, el 38,4 % de las mujeres encuestadas no sabe que el aborto es legal en Colombia, mientras solo el 28,3 % reconoce todos los casos en los que está despenalizada. El desconocimiento es mayor en las zonas rurales: alcanza el 49,6 % entre las mujeres, frente al 35,3 % en las zonas urbanas.

La encuesta también muestra que el 1,5 % de los últimos embarazos reportados correspondió a una interrupción o aborto inducido, frente al 1,1 % registrado en la ENDS 2015.

 

El derecho al aborto debe ser para todas en todas partes

Entre las mujeres que solicitaron una IVE, el 15,6 % no accedió al procedimiento. La proporción fue de 22,2 % en zonas rurales y llegó al 44,1 % en la región Oriental. Además, entre quienes no accedieron, el 34,3 % señaló que el equipo de salud influyó para que cambiara su decisión y el 21,1 % reportó no haber recibido información completa u oportuna.

Estos datos muestran que garantizar el aborto legal y seguro requiere mucho más que una norma: exige información clara, servicios disponibles, personal de salud capacitado y una atención que respete la autonomía y las decisiones de cada persona.

El reto, en Colombia, es convertir el derecho reconocido en una realidad material para todas las personas, sin importar su edad, dónde viven, cuánta educación o dinero tienen para eliminar las barreras y discriminación que hoy enfrentan.

 

Por esto, hoy hacemos un llamado a:

  • Dar prioridad a la solicitud de las personas que requieren servicios de aborto, confiar en su criterio y autonomía para decidir sobre lo que es mejor para sus vidas y acompañar sus decisiones reproductivas.
  • Reconocer el aborto como un servicio de salud esencial, necesario para la justicia reproductiva y la garantía de los derechos humanos.
  • Apoyar a las personas que defienden el derecho al aborto libre, lo acompañan, lo brindan en condiciones seguras.
  • Mantener acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo que permitan fortalecer los servicios, eliminar el estigma y disponer de información clara y confiable.
  • Exigir al Estado rendición de cuentas, garantía de acceso a servicios seguros en cualquier lugar del territorio, formación del personal de salud y provisión de infraestructura y rutas que asegure la prestación oportuna para todas las personas.

Conversatorio sobre aborto legal, 27 de septiembre de 2026

En alianza con la Colectiva Enguarichadas y Destapemos la Olla, realizamos un conversatorio sobre aborto legal en Colombia, frente a las instalaciones de Orientame, sede Teusaquillo en Bogotá.

Plantón por el aborto legal, 28 de septiembre

El lunes 28 de septiembre, Oréntame participó en el plantón por el aborto legal convocado por Somos un Rostro Colectivo, que agrupa varios colectivas, organizaciones y activismos individuales en torno a la defensa de la autonomía reproductiva en Colombia.

Fuentes:

  1. Aborto e interrupción voluntaria del embarazo, Capítulo 13, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Ministerio de Salud, 2025. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/publicacion-aborto-e-ive-ends-2025.pdf
  2. Llamada a la acción 2026, Campaña septiembre 28. Disponible en https://www.september28.org/llamada-a-la-accion-2026

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Autonomía, derechos sexuales y derechos reproductivos en la discapacidad

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Conoce cómo gracias a la Educación Integral para la Sexualidad Inclusiva, se reemplaza el silencio y la sobreprotección al fortalecer la capacidad de las personas con discapacidad en la toma de decisiones sobre su vida, ejercer su ciudadanía sexual y participar activamente en la comunidad.

Hablar de sexualidad con personas con discapacidad todavía genera incomodidad en muchos hogares, escuelas y comunidades. Persisten mitos, silencios y actitudes de sobreprotección que limitan el ejercicio de sus derechos y dificultan el acceso a información confiable.

Sin embargo, la evidencia demuestra que la Educación Integral para la Sexualidad (EIS) es una de las herramientas más efectivas para promover la autonomía, prevenir las violencias y fortalecer la participación de las personas con discapacidad en las decisiones sobre su propia vida.

Con este propósito, Oriéntame desarrolló el proyecto Educación Integral para la Sexualidad Inclusiva en la localidad de Suba, en Bogotá. La iniciativa reunió a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, junto con sus familias, personas cuidadoras y profesionales de apoyo, para construir espacios seguros donde hablar de cuerpo, afectividad, diversidad, placer, prevención de violencias y derechos sexuales y reproductivos.

 

La Educación Integral para la Sexualidad Inclusiva pone la dignidad en el centro

Transformar creencias profundamente arraigadas requiere mucho más que una charla ocasional. Por eso, el proyecto apostó por un proceso continuo que acercó la educación a la comunidad y creó oportunidades para aprender desde la experiencia y el diálogo.

Entre las estrategias implementadas se incluyeron herramientas lúdicas y pedagógicas, cineforos, jornadas comunitarias para divulgar los derechos sexuales y reproductivos y la creación de la maleta pedagógica SexyDiversos, diseñada bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con materiales accesibles e inclusivos para diferentes formas de aprendizaje.

Este enfoque permitió que la conversación sobre sexualidad dejara de ser un tema prohibido para convertirse en una oportunidad de reconocimiento, participación y construcción de confianza.

 

Cuando el diálogo reemplaza al silencio

Uno de los principales logros del proyecto fue abrir espacios donde las personas pudieran hablar sin miedo ni prejuicios. A medida que avanzaban los encuentros, familias y personas cuidadoras comenzaron a utilizar los nombres correctos de las partes del cuerpo y a conversar con mayor naturalidad sobre sexualidad, autocuidado y prevención del abuso.

«Luego dio curiosidad de saber cómo es todo esto con nuestros chicos. Ir abordando cada cosa con las palabras correctas». Sandro, cuidador

Al mismo tiempo, las y los jóvenes con discapacidad fortalecieron su capacidad para expresar sus deseos, establecer límites, reconocer situaciones de riesgo y acudir a los servicios de salud cuando lo necesitaron.

 

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Del control a la autonomía

La experiencia permitió identificar una transformación significativa. Al inicio del proceso, predominaban ideas que asociaban la discapacidad con incapacidad para tomar decisiones sobre la vida afectiva y sexual. La sobreprotección, aunque muchas veces motivada por el cuidado, terminaba restringiendo derechos y oportunidades.

Con el desarrollo del proyecto surgió una nueva mirada: acompañar no significa decidir por otra persona.

Las metodologías participativas y el trabajo cercano de las profesionales facilitaron conversaciones abiertas sobre consentimiento, relaciones afectivas, diversidad y prevención de las violencias, favoreciendo el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derechos.

En palabras de Luz Bella, participante del proyecto, el cambio significó poder «pararse en sus propias piernas»: una imagen que representa la posibilidad de tomar decisiones, participar en la comunidad y cuestionar los miedos heredados.

 

Seis aprendizajes para construir una sociedad más inclusiva

La experiencia dejó enseñanzas que pueden aplicarse en distintos contextos:

  1. Nombrar correctamente el cuerpo fortalece la autonomía y ayuda a prevenir las violencias sexuales.
  2. Las personas con discapacidad también viven el amor, el deseo y las relaciones afectivas; negar esta realidad es una forma de discriminación.
  3. Acompañar implica respetar la voluntad y las decisiones de cada persona, de acuerdo con el marco de derechos vigente.
  4. El placer también hace parte de la salud y del bienestar, y debe reconocerse como un derecho humano.
  5. La discapacidad convive con múltiples identidades, orientaciones sexuales, expresiones de género, culturas y creencias.
  6. La mejor herramienta para prevenir el abuso es la información clara, accesible y oportuna, no el silencio.

 

Un compromiso que continúa

La Educación Integral para la Sexualidad Inclusiva demuestra que hablar de sexualidad desde un enfoque de derechos fortalece la autonomía, promueve relaciones más respetuosas y contribuye a construir comunidades más equitativas.

Como resultado de esta experiencia, la comunidad participante no solo fortaleció sus conocimientos, sino que también comenzó a impulsar una agenda propia para exigir que las políticas públicas respondan a sus necesidades, incluyendo temas como la gestión menstrual digna y la participación activa en las decisiones que afectan sus vidas.

La Fundación Oriéntame reafirma su compromiso de seguir promoviendo procesos de Educación Integral para la Sexualidad con enfoque inclusivo, convencida de que cuidar no significa controlar, sino acompañar, informar, escuchar y crear las condiciones para que cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos.

Si deseas conocer con mayor profundidad las voces, experiencias y aprendizajes de este proceso, te invitamos a consultar y compartir el boletín «Breaking the Silence: Mobilizing Autonomy» , disponible en inglés para ampliar este diálogo con organizaciones, profesionales y redes nacionales e internacionales.

 

Breaking the silence: mobilizing autonomy. Oriéntame 2026.

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Sexualidad y discapacidad

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¿Qué ocurre cuando las personas con discapacidad son excluidas de las conversaciones sobre sexualidad, afectividad y reproducción? ¿Qué papel juegan las familias, las personas cuidadoras y las instituciones en la garantía de sus derechos?

Estas son algunas de las preguntas que aborda «Fortaleciendo el cuidado con derechos: Sexualidad, Reproducción e Inclusión«, una publicación que reúne experiencias, aprendizajes y reflexiones construidas junto a personas cuidadoras y redes de apoyo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad.

El documento parte de una realidad que aún persiste en muchos entornos: hablar de sexualidad y reproducción en la discapacidad suele generar incomodidad, silencios y temores. Como consecuencia, muchas personas ven limitadas sus posibilidades de acceder a información, tomar decisiones sobre su cuerpo o vivir plenamente sus relaciones afectivas.

 

Cuando el cuidado se confunde con el control

Uno de los hallazgos más relevantes del proceso es que algunas prácticas de sobreprotección, aunque nacen del afecto y la intención de proteger, pueden convertirse en barreras para el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.

A lo largo del documento se exploran situaciones cotidianas que invitan a la reflexión:

  • ¿Por qué sigue siendo difícil hablar del cuerpo con naturalidad?
  • ¿Qué ocurre cuando se niega la posibilidad de enamorarse a una persona con discapacidad?
  • ¿Cómo acompañar decisiones relacionadas con la salud sexual y reproductiva sin sustituir la voluntad de la persona?
  • ¿Qué papel tienen el consentimiento, la privacidad y la autonomía en los procesos de cuidado?

 

Las respuestas no son simples, pero muestran la importancia de construir entornos más respetuosos e inclusivos.

 

Más allá de los mitos sobre la sexualidad y la discapacidad

La publicación también aborda algunos de los prejuicios más frecuentes que afectan a las personas con discapacidad.

Entre ellos, la idea de que no tienen interés en las relaciones afectivas, que no experimentan deseo o que no pueden tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.

A través de ejercicios, conversaciones y experiencias compartidas, el documento evidencia cómo estas creencias pueden traducirse en exclusión, desinformación y vulneración de derechos.

Además, propone herramientas para fortalecer el acompañamiento desde una perspectiva basada en la dignidad, la autonomía y el respeto.

 

Un recurso para familias, personas cuidadoras y profesionales

La publicación está dirigida especialmente a quienes acompañan a personas con discapacidad en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Su contenido ofrece reflexiones sobre temas como:

  • Conocimiento y reconocimiento del cuerpo.
  • Vínculos afectivos y enamoramiento.
  • Salud sexual y salud reproductiva.
  • Placer y bienestar.
  • Diversidades sexuales y de género.
  • Prevención de violencias y abuso sexual.

 

Cada uno de estos temas se aborda desde un enfoque de derechos, y hace parte del Proyecto Educación Integral en Sexualidad -EIS- desarrollado por Oriéntame en asocio con WestWind Foundation.

 

Una invitación a seguir aprendiendo

Garantizar los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las personas con discapacidad implica cuestionar prejuicios, abrir espacios de conversación y reconocer que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida.

Si quieres conocer en profundidad los aprendizajes, experiencias y recomendaciones surgidas de este proceso, te invitamos a leer el documento completo «Fortaleciendo el cuidado con derechos: Sexualidad, Reproducción e Inclusión«.

Su lectura ofrece herramientas valiosas para comprender cómo el cuidado puede convertirse en una práctica que fortalezca la autonomía, prevenga violencias y contribuya a construir entornos más inclusivos y respetuosos de los derechos.

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Salud y derechos, nuestros doce deseos para ti en 2026

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La salud y los derechos sexuales y reproductivos es algo que está en la base de las decisiones que tomas sobre tu cuerpo, relaciones y vida los 365 días del año. No son algo que solo está en las leyes o documentos oficiales.

Por esto, hoy queremos hacer un breve repaso por lo que esto significa en la vida de las personas. Y de paso, manifestarlo como una carta de compromiso desde Oriéntame para este 2026.

 

En 2026, desde Oriéntame queremos para ti

 

1. Que tus decisiones sobre tu cuerpo sean respetadas y puedas vivirlas libremente y con apoyo, si así lo quieres.
Significa que nadie debe obligarte a hacer algo con tu cuerpo que no quieres. Tú decides, y si necesitas ayuda o acompañamiento, tienes derecho a recibirlo.

 

2. Que puedas contar con información clara y confiable para ejercer con seguridad tus derechos sexuales y derechos reproductivos.
Quiere decir que tienes derecho a recibir información verdadera, clara y completa para tomar decisiones responsables sobre tu sexualidad y reproducción, sin confusiones ni mentiras.

 

3. Que siempre que lo necesites, obtengas atención en salud oportuna, incluyente y digna.
Significa que cuando necesites atención médica, deben atenderte a tiempo, con respeto, sin discriminación y tratando bien tu cuerpo y tus emociones.

 

4. Que puedas beneficiarte de los avances de la ciencia y la tecnología que te permitan el máximo bienestar para tu salud sexual y reproductiva.
Esto quiere decir que tienes derecho a usar métodos modernos, tratamientos y tecnologías (como anticonceptivos, exámenes o terapias) que ayuden a cuidar tu salud.

 

5. Que siempre recibas un trato igualitario y justo cualquiera sea tu identidad de género o preferencias sexuales.
Significa que nadie debe tratarte mal o diferente por ser quien eres, por cómo te identificas o por a quién amas.

 

6. Que la integridad de tu cuerpo siempre sea respetada, así como tu seguridad física y emocional.
Quiere decir que nadie tiene derecho a hacerte daño, tocarte sin tu permiso, violentarte o humillarte, ni física ni emocionalmente.

 

7. Que puedas mantener la privacidad de tus asuntos personales, ya sean sexuales o afectivos.
Significa que tu vida íntima es tuya, y nadie debe divulgar información personal sobre ti sin tu consentimiento.

 

8. Que puedas pensar y opinar con libertad sobre la vivencia de la sexualidad, en respeto por las opiniones y decisiones ajenas.
Esto quiere decir que puedes expresar lo que piensas y sientes, siempre respetando que otras personas puedan pensar o decidir distinto.

 

9. Que puedas explorar y disfrutar de una vida sexual plena, placentera, segura y consensuada con quien desees.
Significa que tienes derecho a vivir tu sexualidad con gusto y sin miedo, siempre que haya consentimiento, cuidado y acuerdo entre las personas involucradas.

 

10. Que puedas decidir sobre el tipo de familia que quieres formar.
Quiere decir que tú decides si quieres o no tener hijos, cuántos, cuándo, y qué tipo de familia deseas, sin presiones externas.

 

11. Que puedas hacer parche con otras personas que piensan como tú y quieran defender causas comunes.
Significa que puedes reunirte, organizarte y apoyar causas con personas que comparten tus ideas y valores, sin ser perseguido o castigado por eso.

 

12. Que puedas acceder a programas de educación integral para la sexualidad basados en evidencia científica, con enfoque de género e inclusión.
Esto quiere decir que tienes derecho a una educación sexual completa, basada en ciencia, que respete la diversidad y promueva la igualdad.

 

¿Necesitas orientación personalizada?

Finalmente, recuerda que desde Oriéntame siempre estaremos aquí para acompañarte en todas tus decisiones sexuales y reproductivas, con información, con servicios de educación, prevención y atención.

Salud, placer y autonomía en 2026.

 

 

Pregunta por los programas de educación en salud y derechos reproductivos disponibles en Oriéntame

 

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