Aborto desde la ruralidad, una trocha llena de obstáculos

Diana y Sandra son amigas, siempre han vivido en la misma vereda. Sandra siempre ha sido muy tímida por lo que suele pedirle ayuda a su amiga cuando debe hacer un trámite o investigar para las tareas del colegio, pues a Diana si le permiten tener teléfono celular.

Un día Sandra le cuenta a su amiga que sospecha de un embarazo porque ya tiene un mes de retraso. Revisan en el celular qué opciones hay, encontrando que el centro médico más cercano está en Bogotá, pero es un viaje impensable para ellas por la distancia, por no contar con el dinero y no tener cómo justificarlo en casa. Suspenden la búsqueda confiando que solo sea un retraso y nada más.

Pasa una semana y Sandra sigue sin menstruar, ya no duda de que está embarazada. Y su preocupación es mayor, en especial le aterra la reacción de sus padres. Entonces vuelve con Diana para que revise que más se puede hacer, tal vez un método para abortar discretamente en casa.

Por internet encuentran que en Girardot habrá unas conferencias sobre aborto y anticonceptivos. Aunque Girardot está a tres horas de camino y tendrán que inventar una buena excusa para que las dejen ir hasta allí, lo ven posible y organizan todo para llegar a la sede de la Universidad de Cundinamarca donde se haría el evento.

Luego de una caminata de tres horas desde la vereda, logran llegar al lugar y hablar con una enfermera que las pone en comunicación con un servicio legal de Interrupción del Embarazo. Ese mismo día Sandra recibe atención médica logrando acceder a un aborto seguro a las 7 semanas de embarazo.

El anterior es un caso real (hemos cambiado los nombres de las adolescentes), sucedido en el marco del segundo aniversario de la sentencia sobre aborto legal C-055. Ilustra las condiciones de especial vulnerabilidad que aún viven las personas en la ruralidad para acceder a servicios confiables de salud sexual y reproductiva.

Pues como lo han registrado diferentes instituciones (Mesa por la Vida[1], Médicos Sin Fronteras[2], Universidad Externado[3], entre otras) las barreras para acceder a servicios esenciales como el aborto legal aún no se superan, siendo más críticas en áreas rurales y zonas apartadas.

La voluntad Estatal

La resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud define las reglas para que las entidades de salud realicen la interrupción voluntaria del embarazo y complementa el Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal. Esta Resolución fue bien recibida como una muestra de la voluntad política del gobierno nacional por dar claridad y cumplimiento a lo ordenado por la Corte en la sentencia Causa Justa.

Sin embargo, el actual panorama de la prestación de servicios de salud en el que está en juego una reforma estructural de todo el sistema, ha desplazado el interés y esfuerzo necesario para la creación de rutas claras y protocolos de atención para la interrupción voluntaria del embarazo.

Por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos se concentra en la oferta de corta duración. Si la usuaria está interesada en uno de larga duración requerirá autorización de su EPS, un centro de salud donde haya el método, personal con entrenamiento en inserción de implante o intrauterinos y mucha paciencia.

Antiguas barreras más críticas para el aborto legal en la ruralidad

El equipo de La Mesa Por La Vida y la Salud por las Mujeres, desde antes de la sentencia de 2022, viene realizando un trabajo excepcional en la identificación y seguimiento de las barreras de acceso a servicios seguros de aborto, las más relevantes son:

• Desconocimiento de los prestadores
• Falta al derecho a la información, Información errónea para las usuarias
• No se reconoce la obligatoriedad de la prestación de servicios por parte de las IPS y EPS
• Solicitud de requisitos innecesarios para la práctica de la IVE
• Dilaciones en la respuesta a las solicitudes de IVE
• Uso indebido de la objeción de conciencia
• Falta de adecuación de protocolos
• Discriminación, maltrato y otras formas de Violencia obstétrica

Aunque en la Resolución 051 se indique que “La atención integral en salud para la interrupción voluntaria del embarazo deberá adecuarse, según el caso, a la edad, nivel de educación, nivel socioeconómico, etnia, identidad de género, condición de discapacidad o si se trata de población rural o urbana”[4] en las zonas rurales el acceso a servicios de salud se ve obstaculizado por condiciones extra como la deficiente conectividad y la precariedad de los medios de comunicación.

Esto redunda en un impacto negativo en la comprensión de la información sobre salud, la toma de decisiones informadas y la autonomía reproductiva.

Esta realidad, que afecta a millones de personas en comunidades rurales, golpea de manera más severa a mujeres, niñas y adolescentes.

Conectividad: un abismo digital que aísla

La falta de acceso a internet y a una red telefónica confiable en las zonas rurales es un obstáculo fundamental para acceder a servicios de salud esenciales.

En el caso de la salud sexual y reproductiva, esto limita la posibilidad de informarse a tiempo, de forma suficiente y confiable sobre opciones de tratamiento, prevención y promoción de la salud, como por ejemplo en anticonceptivos, infecciones sexuales y atención segura para aborto voluntario.

Y una vez identificados los servicios, dificulta la comunicación con profesionales de la salud, la gestión de citas y tratamientos médicos.

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Medios de comunicación: voces silenciadas, información limitada

Entre tanto, la escasez de medios de comunicación locales y el bajo interés en la promoción de temas de salud y derechos reproductivos también afecta la calidad de la información disponible.

Además, los medios masivos, como la radio y la televisión, aunque tienen una cobertura optima en zonas rurales, su agenda rara vez incluye la difusión de temas de salud, además del creciente desinterés entre las generaciones más jóvenes.

Y tratándose de salud y derechos sexuales y reproductivos aun es marcado el sesgo moral al abordar públicamente el tema. Esto deja un vacío de información aprovechado por múltiples intereses que circulan información desde las redes sociales, medios con mayor afinidad con las audiencias más jóvenes, a diferencia de los medios tradicionales de comunicación.

La movida en las regiones

Aunque la información sobre salud sexual y reproductiva en áreas rurales y apartadas circule por voz a voz, esto no garantiza el acceso a los servicios.

Como es sabido hay importantes zonas del país rural donde se requiere permiso de grupos armados, o dado el estado de las vías el desplazamiento solo es posible por horas o días especiales; además, moverse hasta una zona urbana requiere dinero y hablar español y, aun superados todos estos obstáculos, se mantiene la discriminación que significa no tener afiliación en salud, obstáculo reiterado para mujeres y niñas migrantes e indígenas.

También está el problema de la precaria estructura de los servicios de salud en las regiones y, en el ámbito del personal sanitario; la desinformación, falta de entrenamiento, interpretación sesgada y mal uso de la objeción de conciencia frente a la prestación de servicios de aborto.

 Educación y promoción en salud: la clave comunitaria

Pese a este panorama, hemos visto que las redes comunitarias crean oportunidades de acceso significativas a servicios sociales y de salud para las mujeres y las niñas en las áreas rurales. Movimientos sociales como los feminismos indígenas, afro y de base comunitaria son una muestra de ello.

Sin embargo, cerrar la brecha en el acceso a servicios de salud en las zonas rurales requiere un enfoque integral que aborde las diferentes barreras mencionadas e involucre a múltiples actores del sistema de salud y educación.

Es necesario invertir en la expansión de la conectividad, fortalecer los medios de comunicación locales y promover la educación en salud, todo con la participación activa de la comunidad y especial atención a grupos poblacionales sujetos a condiciones de especial vulnerabilidad. Esto requiere priorizar acceso a:

• Mujeres migrantes por mayor vulnerabilidad y múltiples discriminaciones, sin afiliación formal al sistema se salud
• Mujeres indígenas sin atención en sus territorios
• Grupos LGBTIQ+ estigmatizados por su orientación, identidad o prácticas sexuales
• Jóvenes y adolescentes

Solo así se podrá garantizar que las personas que viven en zonas rurales tengan acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva cruciales como la anticoncepción o el aborto legal, rompiendo el círculo vicioso de la exclusión y desigualdad de género.

Fuentes:

[1] La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (2023). Primer año del fallo histórico. ¿Cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)? Disponible en https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2023/03/informe-primer-ano-del-fallo.pdf

[2] Aborto en Colombia, las barreras persisten. https://www.msf.org.co/actualidad/aborto-colombia-las-barreras-persisten

[3] Dos años de la Sentencia C-055 de 2022, estado jurídico actual frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Tomado de https://geneticayderecho.uexternado.edu.co/dos-anos-de-la-sentencia-c-055-de-2022-estado-juridico-actual-frente-al-derecho-a-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-colombia

[4] Regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Artículo 5, Enfoques para la atención integral. Resolución 051 de 2023, Ministerio de Salud. Tomado de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20051%20de%202023.pdf 

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¿Qué es la Interrupción voluntaria del Embarazo?

La Interrupción Voluntaria del Embarazo, también conocida como IVE o aborto legal, es un servicio de salud que permite dar fin a un proceso de gestación por solicitud de la mujer, adolescente o persona gestante. Mediante la acción de medicamentos abortivos o en un breve procedimiento clínico, se extraen los tejidos que componen el embarazo.

Recordemos que Colombia es uno de los países más avanzados del mundo en regulación sobre aborto, siendo el único en América Latina que desde 2022 permite a nacionales y extranjeras abortar por solicitud simple durante las primeras 24 semanas de embarazo. Y luego de la semana 24 y hasta el final de la gestación bajo tres causales.

¿Por qué consulta gratis para aborto?

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Además, nuestro equipo de especialistas está dedicado a proporcionar atención de la más alta calidad en un ambiente acogedor y respetuoso. Desde siempre nuestra bandera ha sido defender el acceso a servicios de salud sexual dignos y libres de estigma o prejuicio, que reconozcan y resalten la diversidad de las vidas y experiencias de todas las personas.

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 – Soy muy joven
– Quiero nietos, no hijos
– No fue con mi pareja
– Estoy en un tratamiento médico
– Mi prioridad es mi carrera
– Me echarían de la casa
– No tengo empleo
– Ya tengo tres hijos
– No quiero
– . . .

Los motivos que tienen las mujeres y personas con posibilidad de gestar para decidirse por un aborto son tan diversos como personas hay.

En Colombia entre 2006 y 2022, cualquier persona que decidiera abortar debía exponer sus razones para solicitar un aborto ante los equipos de salud y estos tenían la potestad de considerarlas válidas o no.

Allí radica la importancia de la Sentencia sobre aborto libre C – 055 de febrero 21 de 2022, pues en esta la Corte Constitucional declara que el aborto es una opción que se puede solicitar durante las primeras 24 semanas de embarazo sin necesidad de “convencer” a los prestadores de salud para que se practique la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-.

Y de la semana 24 en adelante, se mantiene lo que se había despenalizado desde 2006, abortar es legal en casos de violencia sexual, malformación fetal inviable y riesgo para la salud o la vida de la embarazada.

Con esta decisión de la Corte, Colombia pasó a tener un modelo mixto para regular el aborto, es decir por plazos y por causales. Uno de los más amplios del mundo.

De Colombia para el mundo

La Sentencia Causa Justa es un hito histórico. Envía un fuerte mensaje de esperanza a otros países de la región a la vez que se suma a una cadena de avances sobre aborto legal, que inicia en Uruguay y va desde Argentina hasta México, así es, de sur a norte y no al revés como suele pasar.

Nuestra Sentencia cobra mayor importancia cuando un referente histórico como Estados Unidos deroga Roe Vs. Wade, que fuera inspiración para el movimiento pro-derechos en el continente por casi cinco décadas.

Lo que nos enseña que no podemos bajar la guardia, pues las garantías en derechos humanos como los derechos reproductivos siempre están sometidas a vaivenes políticos y los logros nunca son permanentes. En palabras de la psicóloga Cristina Villarreal “…esta es una batalla que nunca se gana del todo, siempre habrá intentos de retroceso, siempre habrá quienes quieran echar para atrás lo logrado”.

Por esto es muy importante ver que luego de la Sentencia del 2022 se van creado nuevos desarrollos e instrumentos legales, como:

• La recomendación del Informe Final de la Comisión de la verdad 2022, donde se insta a implementar efectivamente la prestación de servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
• Resolución 051 de 2023 de MinSalud, que unifica la Regulación de la prestación de la IVE de forma segura, oportuna y con calidad.
• Comunicado 38 del 11 de octubre de 2023 de la Corte Constitucional, que aclara que el aborto si es un derecho fundamental, incluso en jurisdicciones especiales como las que amparan a las comunidades indígenas.

Aborto, el centro de los derechos reproductivos

Educación sexual para descubrir, Anticonceptivos para disfrutar y Aborto legal para decidir, es una arenga acuñada en las calles dentro de lo que se ha llamado “La Marea Verde”, esta recoge con palabras sencillas varios de los derechos sexuales reproductivos reconocidos en los años noventa por instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la ONU.

Desde entonces, los derechos reproductivos han sido proclamados y promovidos por múltiples actores internacionales, Estados y organizaciones como parte de los esfuerzos más amplios para proteger los derechos humanos y promover la salud y el bienestar de todas las personas y el desarrollo sostenible.

Los derechos reproductivos son un conjunto de derechos humanos que reconocen la libertad de las personas para tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Justo esto es lo que señala la Sentencia 055 del 2022, con lo que las decisiones de las mujeres y personas gestantes sobre el aborto o sus motivos solo les competen a ellas y ya no son asunto de ninguna otra persona, aunque esa otra persona sea quien tiene la responsabilidad de atender la solicitud de aborto.

Derechos reproductivos, motor de igualdad para las mujeres

• Autonomía sobre el propio cuerpo: Cuando se garantiza la libertad reproductiva, se tiene mayor control sobre el propio cuerpo. Esto permite tener hijas(os) deseados, proteger el cuerpo de embarazos no deseados y gozar de mayor plenitud de vida.
• Mejor acceso a la educación y oportunidades: la anticoncepción y la posibilidad de decidir cuándo iniciar un embarazo permiten a las mujeres continuar con su educación y participar plenamente en la fuerza laboral. Esto reduce las brechas de género en educación y empleo, promoviendo la igualdad de oportunidades para las mujeres.
• Mejora de la salud materna e infantil: Cuando se tiene la opción de planificar los embarazos, se tienen tienen más probabilidades de acceder a la atención prenatal adecuada y de dar a luz en condiciones seguras. Esto contribuye a mejorar la salud de las mujeres durante el embarazo, parto y postparto y a reducir la mortalidad infantil.
• Reducción de las violencias sexuales y de género: Promover la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y personas diversas en relación con su salud sexual y reproductiva ayuda a prevenir violencias de género y promover relaciones más equitativas.
• Participación en la toma de decisiones: cundo se está en control de la propia salud reproductiva, se cuenta con una mejor posición para participar en la toma de decisiones que impactan la vida, las familias y las comunidades. Esto puede incluir decisiones sobre el acceso a recursos, la participación política y el liderazgo comunitario.

Retos y Desafíos

Quitarle la última palabra en la decisión sobre aborto al personal de salud para entregársela a las mujeres y personas con posibilidad de gestar implica una revolución cultural que toma tiempo, voluntad política y muchos recursos públicos y privados.

Aunque la avalancha de mujeres solicitando procedimientos de aborto que presagiaban los detractores de la autonomía reproductiva no sucedió, si se han visto cambios en las solicitudes de IVE. Por ejemplo, se redujo el número de solicitudes de IVE en casos de más de 15 semanas de embarazopasando de 54% a 34% (datos de La Mesa por la Vida), lo que puede asociarse con una mejor oportunidad de acceso a los servicios.

Esto concuerda con la experiencia de atención en Oriéntame. Después de la Sentencia Causa Justa registramos que, del total de procedimientos realizados, el 92% de los procedimientos de IVE corresponden a embarazos de menos de 12 semanas de gestación.

Sin embargo, de las personas atendidas de nacionalidad colombiana solo el 6% solicitaron la IVE en segundo trimestre, mientras que de las extranjeras fue del 14%. Esto señala la importancia de garantizar igualdad de acceso para ciertos grupos poblacionales que históricamente han enfrentado barreras para la atención en salud reproductiva, por ejemplo migrantes, indígenas, adolescentes, rurales o habitantes de zonas apartadas.

Las barreras son principalmente de dos tipos, las hay de acceso: información incompleta, errada o nula sobre el servicio, dilaciones, negación de servicios. Y barreras de calidad: violencia, maltrato, vulneración a la confidencialidad, protocolos inseguros, personal sin entrenamiento o falta de personal, entre otros.

Es curioso que uno de los grandes desafíos en la era de la información sea la divulgación de las garantías reconocidas en la sentencia Causa Justa. Hacerla letra viva tanto para las personas usuarias y sus acompañantes, es tan crucial como mandatorio para profesionales de salud, administrativos y tomadores de decisiones de política pública.

Inspección, vigilancia y control de parte de las entidades reguladoras es otro de los desafíos a la hora de hacer valer el derecho a la IVE.

A las instituciones y personal de salud les urge capacitarse y sensibilizarse en enfoque de género y trato humanizado, además de actualizar sus protocolos, rutas y canales de referencia.

¿A qué se tiene derecho al solicitar un aborto en Colombia?

1. Orientación para la toma de decisiones, con información clara y ajustada a las necesidades de quien consulta. Esta es opcional y no puede ser un prerrequisito de atención.
2. Consulta de valoración integral de la situación de salud.
3. Procedimiento de IVE con medicamentos u otras técnicas seguras, efectivas y mínimamente invasivas, según la condición clínica.
4. Asesoría y suministro de métodos anticonceptivos, opcional y ajustada a las necesidades en salud, expectativas y estilo de vida de la consultante.
5. Consulta de control, si así el caso lo requiere.

Todas las instituciones del sistema de salud están en la obligación de garantizar la atención de aborto libre, legal y seguro en todo el territorio nacional y en cualquier momento del embarazo. Para esto cuentan con  máximo cinco días calendario. Todas las solicitudes son válidas ya sea por petición simple antes de la semana 24 de embarazo o por las tres causales después de la semana 24.

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