Escrito por:
María Mercedes Vivas MD-MPH, Directora Ejecutiva de Fundación Oriéntame
Daniel Arango, Investigador Asociado de la Fundación Oriéntame
Paula Trujillo, Consultora Independiente de Derechos Humanos
Con contribuciones de: Chitra Nagarajan, Consultora Independiente de Derechos Humanos

 

Gracias al incansable esfuerzo de los movimientos feminista y de derechos humanos, Colombia ha emergido como una figura destacada en cuestiones fundamentales como el proceso de paz con las FARC y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con la reciente descriminalización del aborto por parte de la Corte Constitucional en febrero del 2022.

Sin embargo, es crucial recordar que no debemos dar nada por sentado y seguir nuestro trabajo por la defensa de los derechos fundamentales, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, los cuales se encuentran en jaque en todo el mundo. Por esto las elecciones regionales del 29 de octubre representan una oportunidad de gran importancia para consolidar el terreno ganado, eligiendo candidatos que defiendan y garanticen los derechos fundamentales en Colombia.

 

Una decisión histórica

La decisión de la Corte Constitucional de descriminalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación en febrero del 2022 fue, sin lugar a dudas, una decisión trascendental para el avance de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. La Sentencia C-055 de 2022 no solo significó una victoria histórica para las mujeres, las personas gestantes y para el movimiento feminista, sino que también posicionó a Colombia como el país con el marco legal más progresista en América Latina. Gracias también a los avances en países como México, Argentina, Uruguay y Cuba la región latinoamericana es hoy un referente de la lucha por el aborto legal, libre y seguro.

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De acuerdo con datos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Fundación Oriéntame[1], en el primer año de implementación de la Sentencia se dio un incremento del 7 % en el número de mujeres y personas gestantes que accedieron a los servicios de IVE a través de las Empresas Promotoras de Salud (EPS). Lo cual indica que hay mayor disposición para solicitar este servicio como parte de las atenciones cubiertas por el sistema de salud y que las EPS están garantizando el acceso a los servicios de IVE.

Aun así, este incremento, aunque positivo, no es representativo si lo comparamos con otras cifras: del total de 11.028 mujeres atendidas en Oriéntame en el periodo del informe, solo el 34% (aumento del 7%) accedieron al servicio a través de su EPS; el porcentaje restante financió su atención por medio de recursos propios (56%) o subsidios (10%)[2].

Otro punto positivo por resaltar es el incremento en el uso de medios alternativos de atención como la telemedicina y la telexperticia, cuyas atenciones aumentaron en 5 puntos porcentuales en el periodo señalado, pasando del 23% al 28%. Este incremento puede ser tomado como una señal de que el cambio normativo y la eliminación de obstáculos y requisitos para acceder a la IVE impactó positivamente el uso de estos medios alternativos de atención los cuales, a su vez, facilitan el acceso[3].

 

Aun hay mucho por avanzar, educar y garantizar

La situación en Colombia, sin embargo, presenta algunos retos para el movimiento pro-derechos. A pesar de los avances normativos logrados y de los avances de implementación hasta el momento, las barreras de acceso a los servicios persisten. Estas afectan especialmente a las mujeres que viven en regiones apartadas y en conflicto, aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, así como a las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas, afrodescendientes, las migrantes en situación irregular y las personas LGTBIQA+ gestantes.

Entre las barreras más comunes están el desconocimiento del marco legal por parte de las entidades de salud, la interpretación restrictiva de la legislación por parte de los prestadores de salud y fallas en la prestación del servicio. Lo anterior indica que es necesario que el Estado colombiano cumpla a cabalidad su rol de garante de los derechos sexuales y reproductivos, y realice una mayor difusión e inducción al personal de la salud sobre la aplicación de la sentencia y el derecho a la IVE.

También se debe mejorar la infraestructura y la atención, especialmente en el nivel primario, para brindar atención oportuna a las mujeres y personas gestantes más vulnerables y, de esta manera, evitar las dilaciones y retrasos en la realización del proceso que aumentan los riesgos en la salud, y que además resulta más costoso para el Estado.

La difusión de la Sentencia y la supervisión de entidades como la Superintendencia de Salud y las Secretarías Departamentales de Salud son cruciales para evitar interpretaciones incorrectas o sesgadas del marco legal y garantizar un acceso efectivo y oportuno a los servicios.

Además, es esencial proporcionar información precisa y contrarrestar la desinformación que grupos, individuos y movimientos anti-derechos y religiosos en oposición al aborto difunden en redes sociales, medios de comunicación y la calle. Algunos de estos grupos cuentan con un proyecto político coordinado anti-derechos[4], respaldado por dinero y organizaciones transnacionales y, como lo ha demostrado una investigación de Mutante, los centros de salud pro-derechos en Colombia son blanco de hostigamiento por parte de grupos religiosos.

 

Avances en el sur, retrocesos en el norte

El panorama global del derecho al aborto no es menos complejo y no puede desconocerse su influencia en Colombia. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto (Decisión de Dobbs) en junio de 2022 es una alerta que generó una amplia gama de reacciones y opiniones en nuestro país. Según una investigación de Fos Feminista, este evento histórico fue percibido por las activistas feministas que trabajan en temas del derecho al aborto como un signo del progreso que nuestra región ha logrado, pero también como una advertencia de no bajar la guardia, especialmente porque América Latina a menudo mira a los Estados Unidos como referencia.

La Decisión de Dobbs se dio precisamente como consecuencia de la elección del presidente Donald Trump, quien eligió los magistrados de la Corte que completaría la mayoría que revocó Roe vs. Wade. Una de las moralejas que nos deja este retroceso es que la elección de quien llega al poder por voto popular importa.

Las elecciones terminan siendo puntos de partida para quienes, por los siguientes cuatro años, se van a dedicar a la protección y defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos, y es necesario centrar este tema a la hora de elegir a las personas que nos gobernarán.

 

Proteger los logros en derechos desde las urnas

Las próximas elecciones regionales en Colombia nos brindan la oportunidad de seleccionar personas comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. A fin de cuentas, los derechos al aborto y la promoción de la educación sexual y reproductiva siguen siendo temas controvertidos en Colombia. La experiencia con el Referendo por la Paz nos alerta sobre cómo los movimientos anti-derechos pueden colaborar con los partidos políticos para derrotar políticas progresistas.

Asimismo, la experiencia de otros países demuestra cómo los grupos anti-derechos pueden ascender desde niveles locales hasta ejercer un impacto nacional. Para evitar que los avances alcanzados con tanto esfuerzo sean revertidos, los movimientos a favor de los derechos humanos deben contrarrestar el poder político y las alianzas de las organizaciones, redes e iglesias anti-derechos movilizando opiniones y votos a favor de los derechos sexuales y reproductivos.

El derecho al aborto requiere de un respaldo político sólido e inquebrantable, así como de la necesidad de mantener el tema en la agenda pública mediante narrativas positivas, combatir la desinformación y educar sobre la relevancia de la decisión de la Corte Colombiana, que representa un hito histórico en los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQA+ gestantes.

 

[1] La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (2023). Primer año del fallo histórico. ¿Cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)? Disponible en https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2023/03/informe-primer-ano-del-fallo.pdf

[2] La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (2023). Primer año del fallo histórico. ¿Cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)? Disponible en https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2023/03/informe-primer-ano-del-fallo.pdf

[3] Métodos alternativos de atención como la telemedicina y la telexperticia facilitan el acceso a los servicios de medicina al permitir un acceso más ágil y práctico a los servicios de salud por medio de canales digitales. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que la brecha digital y las dificultades de conexión y acceso a internet son un tema importante que restringe la democratización del servicio.

[4] Las nuevas tácticas antiaborto de la derecha en América Latina (2021). Cota, I., Corpi, S. Disponible en https://elpais.com/sociedad/2021-10-24/las-nuevas-tacticas-antiaborto-de-la-ultraderecha-en-america.html 

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