Aborto legal es salud, derechos y justicia para las mujeres

El acceso al aborto legal y seguro es una parte fundamental de la atención en salud sexual y reproductiva.

Garantizarlo, además de reconocerlo en las leyes, implica que las personas puedan acceder a servicios oportunos, seguros, confidenciales, asequibles y libres de estigma, discriminación, coerción y violencia.

La campaña internacional del 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, plantea para 2026 una idea central: el aborto es un servicio esencial de atención en salud.

Por eso, los sistemas de salud deben integrarlo como un servicio esencial y contar con tratamientos de calidad, personal capacitado, información clara y ajustada a las necesidades de quien consulta, rutas de referencia y seguimiento posterior al procedimiento.

La legalidad es importante, pero es solo el comienzo

La existencia de un marco legal que permita el aborto reduce las barreras asociadas con la criminalización, pero no garantiza por sí misma que todas las personas puedan ejercer este derecho. Persisten obstáculos económicos, geográficos, administrativos, institucionales y sociales que pueden retrasar o impedir el acceso.

Estas barreras no afectan a todas las personas de la misma manera. Quienes viven en zonas rurales o alejadas, tienen menores ingresos, pertenecen a comunidades étnicas históricamente discriminadas, tienen discapacidad, son migrantes, jóvenes o enfrentan otras formas de exclusión suelen encontrar mayores dificultades para acceder a información confiable y servicios.

La campaña del 28 de septiembre destaca, precisamente, la necesidad de fortalecer sistemas de salud capaces de responder a estas desigualdades.

El aborto también tiene una historia de autonomía y cuidado 

El acceso al aborto no comenzó con las leyes que hoy lo reconocen. Las mujeres han desarrollado durante generaciones conocimientos, redes de acompañamiento y estrategias para ejercer su autonomía reproductiva, incluso en contextos donde aborta está prohibido por las leyes locales.

En América Latina, estos procesos también han sido impulsados por movimientos sociales que han transformado el debate público y contribuido a ampliar los marcos de protección de derechos.

Esta historia permite comprender que garantizar el aborto seguro también significa reconocer los saberes comunitarios y las redes de acompañamiento que han ayudado a reducir los riesgos asociados con la clandestinidad.

El desafío de los sistemas de salud es que ninguna persona tenga que poner en riesgo su salud, su vida o su libertad para acceder a una atención que debería estar disponible de manera segura y digna.

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Colombia: avances legales, falta conocimiento

Colombia ha avanzado significativamente en el reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La ENDS 2025 señala que, tras la despenalización parcial de 2006 y la Sentencia C-055 de 2022, el país cuenta con un marco que permite la IVE por voluntad de la mujer o persona embarazada durante las primeras 24 semanas de gestación, además de las causales establecidas desde 2006 para embarazos que superan ese límite.

Sin embargo, el conocimiento y el acceso efectivo todavía presentan brechas. Según la ENDS 2025, el 38,4 % de las mujeres encuestadas no sabe que el aborto es legal en Colombia, mientras solo el 28,3 % reconoce todos los casos en los que está despenalizada. El desconocimiento es mayor en las zonas rurales: alcanza el 49,6 % entre las mujeres, frente al 35,3 % en las zonas urbanas.

La encuesta también muestra que el 1,5 % de los últimos embarazos reportados correspondió a una interrupción o aborto inducido, frente al 1,1 % registrado en la ENDS 2015.

El derecho al aborto debe ser para todas en todas partes

Entre las mujeres que solicitaron una IVE, el 15,6 % no accedió al procedimiento. La proporción fue de 22,2 % en zonas rurales y llegó al 44,1 % en la región Oriental. Además, entre quienes no accedieron, el 34,3 % señaló que el equipo de salud influyó para que cambiara su decisión y el 21,1 % reportó no haber recibido información completa u oportuna.

Estos datos muestran que garantizar el aborto legal y seguro requiere mucho más que una norma: exige información clara, servicios disponibles, personal de salud capacitado y una atención que respete la autonomía y las decisiones de cada persona.

El reto, en Colombia, es convertir el derecho reconocido en una realidad material para todas las personas, sin importar su edad, dónde viven, cuánta educación o dinero tienen para eliminar las barreras y discriminación que hoy enfrentan.

Por esto, hoy hacemos un llamado a:

• Dar prioridad a la solicitud de las personas que requieren servicios de aborto, confiar en su criterio y autonomía para decidir sobre lo que es mejor para sus vidas y acompañar sus decisiones reproductivas.
• Reconocer el aborto como un servicio de salud esencial, necesario para la justicia reproductiva y la garantía de los derechos humanos.
• Apoyar a las personas que defienden el derecho al aborto libre, lo acompañan, lo brindan en condiciones seguras.
• Mantener acciones conjuntas y sostenidas en el tiempo que permitan fortalecer los servicios, eliminar el estigma y disponer de información clara y confiable.
• Exigir al Estado rendición de cuentas, garantía de acceso a servicios seguros en cualquier lugar del territorio, formación del personal de salud y provisión de infraestructura y rutas que asegure la prestación oportuna para todas las personas.

Fuentes:

1. Aborto e interrupción voluntaria del embarazo, Capítulo 13, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, Ministerio de Salud, 2025. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/publicacion-aborto-e-ive-ends-2025.pdf
2. Llamada a la acción 2026, Campaña septiembre 28. Disponible en https://www.september28.org/llamada-a-la-accion-2026

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