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El aborto, un tema que ha generado debates acalorados durante décadas, se encuentra en una encrucijada en América Latina. Si bien algunos países han avanzado en la despenalización e incluso legalización del aborto, otros mantienen legislaciones restrictivas que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres.

En este blog, nos adentraremos en la situación legal del aborto en la región, haciendo énfasis en Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú, para comprender las diferentes realidades que enfrentan las mujeres en su búsqueda por la autonomía corporal.

 

Un mosaico de legislaciones

América Latina no es una región homogénea en cuanto a las leyes sobre el aborto. Encontramos desde países con una total prohibición, como El Salvador, Honduras y Nicaragua, hasta aquellos que lo permiten de manera amplia, como Cuba, Uruguay, Argentina y Colombia. Entre estos extremos, se sitúa una gran variedad de legislaciones que contemplan excepciones a la penalización, como en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre, violación sexual o incesto.

 

La legislación de aborto en países vecinos

Brasil: En Brasil, el aborto es ilegal en la mayoría de los casos con penas de cárcel de 1 a 6 años, salvo cuando es el único medio para salvar la vida de la persona gestante, en caso de violación sexual o cuando el embarazo sea producto de incesto, según lo indica el Código Penal vigente desde 1940. Esta legislación, ha sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, quienes buscan su despenalización total.[1]

Ecuador: En Ecuador, el aborto también es ilegal bajo la mayoría de las circunstancias, con penas ce cárcel que van de los 6 meses a 3 años. En el Código Penal se permite únicamente cuando la vida o la salud de la persona gestante esté en riesgo, en caso de violación sexual a una mujer con discapacidad mental o cuando el embarazo sea producto de incesto.[2] Sin embargo, en 2021, la Corte Constitucional ecuatoriana despenalizó el aborto por causal de violación sexual para niñas y adolescentes menores de 14 años, un paso importante hacia la ampliación de los derechos reproductivos.[3]

Panamá: En Panamá, el aborto es ilegal, salvo cuando la vida de la persona embarazada esté en riesgo o cuando el embarazo sea producto de violación sexual.[4] Sin embargo, el acceso al aborto legal en estos casos es sumamente limitado y las mujeres que lo buscan enfrentan obstáculos como la falta de información, la discriminación y la negativa de los servicios por parte del personal médico. Además, las mujeres, niñas y personas con posibilidad de gestar que lo requieran deberán someterse a la evaluación de la Comisión Nacional Multidisciplinaria de Aborto Terapéutico que autoriza los procedimientos.[5]

Perú: En Perú, el aborto es ilegal en la mayoría de los casos con penas de 3 meses a 5 años de cárcel,[6] excepto cuando la vida de la gestante esté en riesgo o cuando el embarazo sea producto de una violación sexual a una menor de edad o a una mujer con discapacidad mental. Respecto al aborto terapéutico permitido desde 1924, solo se consideran válidas algunas entidades clínicas (o diagnósticos) para que el aborto pueda ser practicado antes de la semana 22.[7] A pesar de la legislación restrictiva, en los últimos años se ha observado un aumento en la cantidad de abortos realizados en el país, lo que refleja la necesidad de ampliar el acceso a servicios de aborto seguro y legal.

Venezuela: En Venezuela, el aborto es ilegal en términos generales. La única excepción a la pena por aborto es cuando “el facultativo provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”.[8] Esta legislación, considerada una de las más restrictivas de la región, ha sido duramente criticada por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, quienes señalan que pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres que buscan interrumpir un embarazo no deseado.

 

Avances que dan esperanza

Aun persisten desafíos para garantizar el acceso efectivo y libre de discriminación al aborto legal; sin embargo, Uruguay, Argentina, México y Colombia han tenido avances significativos en la definición de garantías legales que permitan a mujeres, niñas decidir sobre sus cuerpos sin arriesgar sus vidas.

México y Argentina, por su configuración política, el aborto es legal dentro de ciertos plazos, con variaciones según el estado o provincia. Mientras que en Colombia, el aborto es legal durante las primeras 24 semanas de gestación, esta regulación incluye a todas las personas, sin importar su nacionalidad, estatus migratorio o si tienen afiliación en salud o no.

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Desafíos y avances en la lucha por el aborto legal

A pesar de las diversas legislaciones que existen en la región, las mujeres en América Latina aún enfrentan grandes desafíos para acceder a un aborto seguro y legal. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de información sobre las opciones disponibles, la estigmatización social, la discriminación por parte del personal médico y las barreras económicas y geográficas para acceder a los servicios.

Sin embargo, también se han logrado avances importantes en la lucha por el aborto legal en América Latina. En los últimos años, se ha observado un creciente movimiento feminista que ha visibilizado la problemática del aborto inseguro y ha exigido la despenalización y legalización del aborto en toda la región. Además, se han producido algunos avances legislativos, como la despenalización del aborto en Argentina, Colombia y México, y la despenalización parcial del aborto en Ecuador.

 

Reflexiones finales

La situación del aborto en América Latina es compleja y diversa. Si bien aún queda un largo camino por recorrer para garantizar acceso universal al aborto seguro y legal, los avances logrados en los últimos años dan inspiración y permiten creer que es posible construir una región en la que mujeres, niñas y adolescentes tengan la autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas reproductivas.

Es importante recordar que el aborto es una realidad presente en la vida de millones de personas en América Latina. Penalizarlo no lo elimina, solo lo vuelve clandestino e inseguro, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Por ello, la lucha por el aborto legal es una lucha por la salud pública, los derechos humanos y la justicia.

 

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Fuentes:

  1. Código Penal Brasil, Título I Crímenes contra la persona, Capítulo I Crímenes contra la vida, Arts. 124 a 128. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
  2. Código Orgánico Integral Penal, Capítulo Segundo Delitos contra los derechos de libertad, Sección Primera Delitos contra la inviolabilidad de la vida, Artículos 149 y 150.
  3. Sentencia 34-19-IN 2021, Corte Constitucional Constitucional Del Ecuador, 2021. Disponible en https://goo.su/pelX
  4. Texto Único del Código Penal de la República de Panamá, Capítulo I Delitos contra la vida Humana, Sección Tercera Aborto Provocado, Artículos 141 a 144.
  5. Informe Final año 2023, Comisión Nacional Multidisciplinaria de Aborto Terapéutico. Disponible en https://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/programas/informe_de_aborto_terapeutico_2023.pdf
  6. Código Penal, Perú, 1991. Disponible en https://goo.su/UivzrfO
  7. Guía de Práctica Clínica y de Procedimientos para la Atención del Aborto Terapéutico, Ministerio de Salud Perú, 2020. Disponible en https://goo.su/R4yn
  8. Código Penal 2005, República Bolivariana de Venezuela, Capítulo IV Del Aborto Provocado, Artículos 430 a 434.
  9. Global Abortion Policies Database, OMS

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