Abortar desde la ruralidad

Aborto desde la ruralidad, una trocha llena de obstáculos

Diana y Sandra son amigas, siempre han vivido en la misma vereda. Sandra siempre ha sido muy tímida por lo que suele pedirle ayuda a su amiga cuando debe hacer un trámite o investigar para las tareas del colegio, pues a Diana si le permiten tener teléfono celular.

Un día Sandra le cuenta a su amiga que sospecha de un embarazo porque ya tiene un mes de retraso. Revisan en el celular qué opciones hay, encontrando que el centro médico más cercano está en Bogotá, pero es un viaje impensable para ellas por la distancia, por no contar con el dinero y no tener cómo justificarlo en casa. Suspenden la búsqueda confiando que solo sea un retraso y nada más.

Pasa una semana y Sandra sigue sin menstruar, ya no duda de que está embarazada. Y su preocupación es mayor, en especial le aterra la reacción de sus padres. Entonces vuelve con Diana para que revise que más se puede hacer, tal vez un método para abortar discretamente en casa.

Por internet encuentran que en Girardot habrá unas conferencias sobre aborto y anticonceptivos. Aunque Girardot está a tres horas de camino y tendrán que inventar una buena excusa para que las dejen ir hasta allí, lo ven posible y organizan todo para llegar a la sede de la Universidad de Cundinamarca donde se haría el evento.

Luego de una caminata de tres horas desde la vereda, logran llegar al lugar y hablar con una enfermera que las pone en comunicación con un servicio legal de Interrupción del Embarazo. Ese mismo día Sandra recibe atención médica logrando acceder a un aborto seguro a las 7 semanas de embarazo.

El anterior es un caso real (hemos cambiado los nombres de las adolescentes), sucedido en el marco del segundo aniversario de la sentencia sobre aborto legal C-055. Ilustra las condiciones de especial vulnerabilidad que aún viven las personas en la ruralidad para acceder a servicios confiables de salud sexual y reproductiva.

Pues como lo han registrado diferentes instituciones (Mesa por la Vida[1], Médicos Sin Fronteras[2], Universidad Externado[3], entre otras) las barreras para acceder a servicios esenciales como el aborto legal aún no se superan, siendo más críticas en áreas rurales y zonas apartadas.

La voluntad Estatal

La resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud define las reglas para que las entidades de salud realicen la interrupción voluntaria del embarazo y complementa el Lineamiento Técnico y Operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal. Esta Resolución fue bien recibida como una muestra de la voluntad política del gobierno nacional por dar claridad y cumplimiento a lo ordenado por la Corte en la sentencia Causa Justa.

Sin embargo, el actual panorama de la prestación de servicios de salud en el que está en juego una reforma estructural de todo el sistema, ha desplazado el interés y esfuerzo necesario para la creación de rutas claras y protocolos de atención para la interrupción voluntaria del embarazo.

Por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos se concentra en la oferta de corta duración. Si la usuaria está interesada en uno de larga duración requerirá autorización de su EPS, un centro de salud donde haya el método, personal con entrenamiento en inserción de implante o intrauterinos y mucha paciencia.

Antiguas barreras más críticas para el aborto legal en la ruralidad

El equipo de La Mesa Por La Vida y la Salud por las Mujeres, desde antes de la sentencia de 2022, viene realizando un trabajo excepcional en la identificación y seguimiento de las barreras de acceso a servicios seguros de aborto, las más relevantes son:

• Desconocimiento de los prestadores
• Falta al derecho a la información, Información errónea para las usuarias
• No se reconoce la obligatoriedad de la prestación de servicios por parte de las IPS y EPS
• Solicitud de requisitos innecesarios para la práctica de la IVE
• Dilaciones en la respuesta a las solicitudes de IVE
• Uso indebido de la objeción de conciencia
• Falta de adecuación de protocolos
• Discriminación, maltrato y otras formas de Violencia obstétrica

Aunque en la Resolución 051 se indique que “La atención integral en salud para la interrupción voluntaria del embarazo deberá adecuarse, según el caso, a la edad, nivel de educación, nivel socioeconómico, etnia, identidad de género, condición de discapacidad o si se trata de población rural o urbana”[4] en las zonas rurales el acceso a servicios de salud se ve obstaculizado por condiciones extra como la deficiente conectividad y la precariedad de los medios de comunicación.

Esto redunda en un impacto negativo en la comprensión de la información sobre salud, la toma de decisiones informadas y la autonomía reproductiva.

Esta realidad, que afecta a millones de personas en comunidades rurales, golpea de manera más severa a mujeres, niñas y adolescentes.

Conectividad: un abismo digital que aísla

La falta de acceso a internet y a una red telefónica confiable en las zonas rurales es un obstáculo fundamental para acceder a servicios de salud esenciales.

En el caso de la salud sexual y reproductiva, esto limita la posibilidad de informarse a tiempo, de forma suficiente y confiable sobre opciones de tratamiento, prevención y promoción de la salud, como por ejemplo en anticonceptivos, infecciones sexuales y atención segura para aborto voluntario.

Y una vez identificados los servicios, dificulta la comunicación con profesionales de la salud, la gestión de citas y tratamientos médicos.

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Medios de comunicación: voces silenciadas, información limitada

Entre tanto, la escasez de medios de comunicación locales y el bajo interés en la promoción de temas de salud y derechos reproductivos también afecta la calidad de la información disponible.

Además, los medios masivos, como la radio y la televisión, aunque tienen una cobertura optima en zonas rurales, su agenda rara vez incluye la difusión de temas de salud, además del creciente desinterés entre las generaciones más jóvenes.

Y tratándose de salud y derechos sexuales y reproductivos aun es marcado el sesgo moral al abordar públicamente el tema. Esto deja un vacío de información aprovechado por múltiples intereses que circulan información desde las redes sociales, medios con mayor afinidad con las audiencias más jóvenes, a diferencia de los medios tradicionales de comunicación.

La movida en las regiones

Aunque la información sobre salud sexual y reproductiva en áreas rurales y apartadas circule por voz a voz, esto no garantiza el acceso a los servicios.

Como es sabido hay importantes zonas del país rural donde se requiere permiso de grupos armados, o dado el estado de las vías el desplazamiento solo es posible por horas o días especiales; además, moverse hasta una zona urbana requiere dinero y hablar español y, aun superados todos estos obstáculos, se mantiene la discriminación que significa no tener afiliación en salud, obstáculo reiterado para mujeres y niñas migrantes e indígenas.

También está el problema de la precaria estructura de los servicios de salud en las regiones y, en el ámbito del personal sanitario; la desinformación, falta de entrenamiento, interpretación sesgada y mal uso de la objeción de conciencia frente a la prestación de servicios de aborto.

 Educación y promoción en salud: la clave comunitaria

Pese a este panorama, hemos visto que las redes comunitarias crean oportunidades de acceso significativas a servicios sociales y de salud para las mujeres y las niñas en las áreas rurales. Movimientos sociales como los feminismos indígenas, afro y de base comunitaria son una muestra de ello.

Sin embargo, cerrar la brecha en el acceso a servicios de salud en las zonas rurales requiere un enfoque integral que aborde las diferentes barreras mencionadas e involucre a múltiples actores del sistema de salud y educación.

Es necesario invertir en la expansión de la conectividad, fortalecer los medios de comunicación locales y promover la educación en salud, todo con la participación activa de la comunidad y especial atención a grupos poblacionales sujetos a condiciones de especial vulnerabilidad. Esto requiere priorizar acceso a:

• Mujeres migrantes por mayor vulnerabilidad y múltiples discriminaciones, sin afiliación formal al sistema se salud
• Mujeres indígenas sin atención en sus territorios
• Grupos LGBTIQ+ estigmatizados por su orientación, identidad o prácticas sexuales
• Jóvenes y adolescentes

Solo así se podrá garantizar que las personas que viven en zonas rurales tengan acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva cruciales como la anticoncepción o el aborto legal, rompiendo el círculo vicioso de la exclusión y desigualdad de género.

Fuentes:

[1] La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (2023). Primer año del fallo histórico. ¿Cómo va la implementación de la sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)? Disponible en https://despenalizaciondelaborto.org.co/wp-content/uploads/2023/03/informe-primer-ano-del-fallo.pdf

[2] Aborto en Colombia, las barreras persisten. https://www.msf.org.co/actualidad/aborto-colombia-las-barreras-persisten

[3] Dos años de la Sentencia C-055 de 2022, estado jurídico actual frente al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Tomado de https://geneticayderecho.uexternado.edu.co/dos-anos-de-la-sentencia-c-055-de-2022-estado-juridico-actual-frente-al-derecho-a-la-interrupcion-voluntaria-del-embarazo-en-colombia

[4] Regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Artículo 5, Enfoques para la atención integral. Resolución 051 de 2023, Ministerio de Salud. Tomado de https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20051%20de%202023.pdf 

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