El regreso de Colombia al Consenso de Ginebra representa un cambio importante en el posicionamiento internacional del país frente a los derechos sexuales y reproductivos. Esta decisión tiene un significado político y diplomático, especialmente porque el Consenso promueve una visión restrictiva de los derechos de las mujeres y cuestiona el reconocimiento del aborto como un derecho humano.
Sin embargo, es importante aclarar que esta adhesión no modifica automáticamente las leyes colombianas ni elimina las garantías existentes para acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Su importancia está relacionada, principalmente, con la postura regresiva que adopta el Estado colombiano frente a los derechos reproductivos en el escenario internacional.
¿Qué es el Consenso de Ginebra y por qué genera preocupación?
El Consenso de Ginebra es una declaración política internacional creada en 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump, con el respaldo de varios gobiernos conservadores. Su nombre completo es Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.
Aunque plantea compromisos relacionados con la salud de las mujeres y la protección de las familias, también sostiene que “no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de financiarlo o facilitarlo”. Además, cuestiona que el aborto sea reconocido como un método de planificación familiar.
Por esta razón, desde organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos advertimos que esta declaración puede generar confusión o desinformación sobre el reconocimiento del aborto como parte de la atención integral en salud y de la garantía de la autonomía reproductiva.
En el caso colombiano, es importante precisar un cambio en los antecedentes: el país se retiró del Consenso de Ginebra el 22 de agosto de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, pero volvió a adherirse el 8 de octubre de 2026, según informó la Cancillería.
¿Qué significa esta decisión para el aborto legal en Colombia?
Aunque el regreso al Consenso de Ginebra no elimina las garantías legales existentes, sí genera preocupaciones sobre el compromiso del Estado colombiano con los derechos sexuales y reproductivos.
Actualmente, la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 24 semanas de gestación. Después de ese plazo, se mantiene el acceso bajo las tres causales reconocidas por la Sentencia C-355 de 2006:
– Cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
– Cuando existe una malformación fetal incompatible con la vida fuera del útero.
– Cuando el embarazo es resultado de violencia sexual, inseminación artificial no consentida o incesto, en los términos establecidos por la jurisprudencia.
Estas garantías siguen vigentes. La adhesión al Consenso no modifica las decisiones de la Corte Constitucional ni puede desconocer las obligaciones internacionales de derechos humanos que Colombia ha adquirido mediante tratados vinculantes en las últimas décadas.
Sin embargo, las consecuencias pueden manifestarse en otros ámbitos:
- Debilitamiento del respaldo político a los derechos reproductivos. La adhesión expresa una posición gubernamental que cuestiona el reconocimiento del aborto como derecho y puede afectar la continuidad de políticas públicas que buscan garantizarlo.
- Aumento de barreras de acceso. Cuando desde la oficialidad se cuestiona el aborto como un servicio de salud, se fortalecen los prejuicios, la desinformación y las prácticas discriminatorias que dificultan la atención oportuna y digna.
- Menor liderazgo internacional. Colombia deja de respaldar una postura de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en escenarios multilaterales y se suma a un grupo de gobiernos autoritarios que buscan posiciones restrictivas frente al aborto.
Los derechos conquistados deben seguir garantizándose
El regreso de Colombia al Consenso de Ginebra no significa que el aborto legal haya dejado de existir en el país. Sin embargo, representa un cambio político que merece atención y seguimiento por parte de las organizaciones sociales, los movimientos feministas, las instituciones de salud y la ciudadanía.
La garantía del aborto legal y seguro no depende únicamente de que existan leyes y sentencias que lo reconozcan. También requiere voluntad política, recursos, información confiable y servicios de salud que atiendan sin discriminación ni estigmatización.
Defender el derecho a decidir implica exigir que el Estado colombiano cumpla con las garantías constitucionales y los compromisos internacionales que protegen la autonomía, la dignidad, la salud y la libertad de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar.
Por esto, desde Oriéntame nos mantenemos firmes en nuestro compromiso con todas las personas que necesitan optar por la interrupción del embarazo y con ello, información y servicios seguros, accesibles, dignos y libre de cualquier forma de discriminación o prejuicio.
Si necesitas más información o estás considerando un aborto, consúltanos aquí estaremos siempre para ti.
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