En los últimos años, Colombia ha avanzado significativamente en el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental. La legalización del servicio de IVE durante las primeras 24 semanas ha sido una victoria importante para la salud, la autonomía y la ciudadanía plena de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Sin embargo, es crucial mantener viva la conversación sobre aborto legal. No solo porque es un derecho que se debe proteger, sino porque es parte esencial de una democracia real que permite a las personas tomar decisiones sobre sus cuerpos y su vida.
Desde Oriéntame, organización que ha acompañado este proceso, reafirmamos la importancia de seguir hablando de aborto, para proteger lo que hemos ganado y asegurar que avances como los de la Sentencia C-055 del 2022 no retrocedan.
La salud como derecho fundamental
Uno de los aspectos más significativos del aborto legal es que, además de ser un derecho humano, también garantiza el acceso a servicios de salud adecuados y seguros. El aborto no debe ser visto como un tema aislado o tabú, sino como una cuestión relacionada directamente con la salud pública.
Hablar de aborto implica discutir su acceso en condiciones dignas, para todas las personas, sin importar su lugar de residencia, edad, identidad de género, orientación sexual o nivel socioeconómico.
La despenalización y legalización del aborto brindan un marco jurídico que permite que las mujeres y personas gestantes puedan tomar decisiones informadas, sin temor a ser criminalizadas.
Autonomía y ciudadanía plena
Por esto para Oriéntame, hablar de aborto no es solo hablar de salud, sino también de autonomía personal y ciudadanía plena. Al garantizar el derecho al aborto legal, se reconoce la capacidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar para decidir sobre sus cuerpos, vidas y proyectos.
Cuando las personas pueden decidir sobre su reproducción de manera libre, consciente y segura, también se fortalecen otros derechos humanos, como la educación, el trabajo y la participación activa en la sociedad.
La autonomía reproductiva es, por tanto, un pilar fundamental para la justicia social y la igualdad, donde las personas son libres de tomar decisiones informadas y sin ser objeto de discriminación ni violencias.
Retos y amenazas
A pesar de los avances obtenidos, en Colombia aún persisten amenazas que podrían poner en peligro el acceso al aborto legal. El debate sobre el aborto sigue siendo muy polarizado, con sectores políticos, religiosos y sociales que buscan retroceder en los derechos adquiridos. Existen múltiples iniciativas que buscan modificar las leyes, restringir el acceso a los servicios de aborto o incluso criminalizar nuevamente el procedimiento.
Es importante recordar que la lucha por el aborto legal no es solo un tema de legalización, sino de acceso y cambio cultural. No basta con que el aborto sea legal, también se deben garantizar servicios accesibles, gratuitos y sin estigmatización para todas las personas que lo necesiten. Las restricciones prácticas, como las objeciones de conciencia de profesionales de salud o la falta de información y recursos, siguen siendo barreras que deben ser abordadas.
Además, la desigualdad para el ejercicio de los derechos reproductivos es latente en zonas de Colombia donde grupos armados controlan la vida de las personas, impidiendo acceder a servicios de salud, interfiriendo con las decisiones reproductivas o ejerciendo todo tipo de violencias sobre los cuerpos de mujeres y niñas.
La conversación sigue siendo necesaria
Por todo lo anterior, hablar de aborto sigue siendo necesario. Mantener viva esta conversación es clave para defender los avances logrados, evitar retrocesos y asegurar que las nuevas generaciones puedan ejercer sus derechos reproductivos de manera plena.
Como organización, Oriéntame se compromete a seguir visibilizando la importancia de este tema, no solo desde el ámbito legal, sino desde una perspectiva integral que considere los derechos humanos, la salud pública, la autonomía y la participación social.
Es crucial que sigamos fortaleciendo la discusión sobre el aborto, educando a la sociedad, involucrando a todos los actores relevantes y luchando por políticas públicas que respeten los derechos de todas las personas. Solo de esta manera se podrá asegurar que el acceso al aborto sea una realidad para todas, independientemente de su condición socioeconómica, geográfica o cultural.
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